Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.
El documento, avalado por 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, establece que los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional Apartado B.
Su admisión, promoción y reconocimiento, se regirán por la Ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Con esta aprobación, los docentes tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
Refiere que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, será a través de procesos de selección en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
En ningún caso se afectará la permanencia de los maestros en el servicio. Además, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales.
También se establece que el Estado garantizará la educación inicial y superior, y le corresponde la rectoría de la enseñanza que, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
La formación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Fomentará el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, libertades, la cultura de paz, a la naturaleza y promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de aprendizaje.
El Ejecutivo federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la enseñanza básica y normal en toda la República; estos tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas de nuestro país, lenguas extranjeras, educación física, deporte, artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la literacidad y el cuidado al medio ambiente.
En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario; se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social.
En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
El documento crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá elaborar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional.
En los artículos transitorios, el dictamen manifiesta que a partir de la entrada en vigor del decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al decreto.
Mientras el Congreso de la Unión expide la ley en materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública.
Se respetarán los derechos adquiridos los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. El dictamen abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; sin embargo, los derechos laborales de los servidores públicos de ese instituto se respetarán conforme a la ley.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, destacó que el dictamen es resultado de un extraordinario trabajo; es un ejemplo de cómo legislar de manera transparente. “Es un momento importante para el país y para sentar bases de un acuerdo político muy amplio a favor de la educación”.
El también coordinador del grupo parlamentario Morena, dijo que el documento es trabajo de muchas horas y de varias propuestas que integraron un texto que genera la simpatía de las mayorías.
